El multilateralismo no va a salvar el planeta

Por Meenakshi Raman, Diretora de Programas, Third World Network

La promesa del Acuerdo de París de una solución climática unificada se ha desviado

Hace diez años, el mundo se llenaba de euforia con el anuncio del Acuerdo de París. El 2015 fue el punto culminante de largos años de negociaciones en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés). Las negociaciones fueron precedidas por la Conferencia de las Partes (COP) en Copenhague en 2009, donde el multilateralismo climático resistió con gran dificultad. Lo que siguió a 2009 fueron cinco años de intensas negociaciones para que el Acuerdo de París fuese finalmente presentado en la COP21 en 2015.

La negociación por el Acuerdo se caracterizó por la división entre los países del Norte y del Sur global. Las tensiones se centraron en cómo reflejar las obligaciones del acuerdo teniendo en cuenta el nivel desigual de desarrollo entre los países. Al final, el Acuerdo llegó a un resultado frágil y delicado. En algunos casos hubo una clara diferenciación entre las responsabilidades de los países desarrollados y en desarrollo, y en otros no tanto.

Las evaluaciones sobre el Acuerdo variaron. Por un lado, unos consideraban que el resultado no había alcanzado su objetivo de salvar el planeta y proteger a los más pobres de las consecuencias climáticas. Otros consideraban que el resultado fue el mejor posible dada la correlación de fuerzas y que, al menos, establecía una base para una mayor ambición futura. En ese momento, Barack Obama era presidente de los Estados Unidos y se enfrentaba a un Congreso que en su mayoría se oponía a esa agenda.

El balance global (Global Stocktake en inglés) es una evaluación del progreso mundial en relación con la acción climática. Establecido en el artículo 14 del Acuerdo de París, este mecanismo fue visto por muchos, especialmente por la Unión Europea, como una forma de presionar para que se fijaran objetivos más ambiciosos a lo largo del tiempo. El artículo 14 establece que el balance «informará a los Estados Partes, actualizando y mejorando, de manera determinada a nivel nacional, sus acciones y apoyo, [...] así como mejorando la cooperación internacional para la acción climática».

El primer balance tuvo lugar en 2023, durante la COP28 en Dubái, y se pidió a los países que presentaran sus planes de acción nacionales (Nationally Determined Contributions o NDC, por sus siglas en inglés) de cara a la COP30 2025 en Brasil. Estos planes nacionales abarcan el período de 2031 a 2035. Los primeros abarcaban el período de 2021 a 2030. El próximo balance, que se realiza cada cinco años, deberá llevarse a cabo en 2028.

En París, el alcance de estos planes también fue objeto de controversia. Los países desarrollados defendían la idea de que solo debían hacer referencia a los objetivos de mitigación. Por su parte, el grupo aliado de países en desarrollo (conocido como Like-Minded Developing Countries o LMDC, por sus siglas en inglés) defendía un alcance más amplio que fuera más allá de la mitigación. Prevaleció la perspectiva de los países en desarrollo. El artículo 3 del Acuerdo de París establece que las NDC son «una respuesta global al cambio climático» y que las partes que firman el Acuerdo deben emprender y comunicar «esfuerzos ambiciosos», incluyendo la mitigación, la adaptación y los medios de implementación necesarios o que se proporcionarán.

En política climática, la mitigación significa reducir las emisiones que causan el calentamiento global, con acciones tales como los planes de energía renovable o la protección forestal. La adaptación significa hacer frente a los efectos ya presentes, desde la construcción de defensas contra las inundaciones hasta la plantación de cultivos resistentes a la sequía. Y, para que estos esfuerzos sean posibles, un tercer elemento son los medios de implementación, como financiamiento, tecnología y capacidad instalada.

La COP30 en Brasil será el momento del lanzamiento de un informe que evaluará los planes nacionales y el avance de los países en limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales–objetivo establecido por el Acuerdo de París. Infortunadamente, los países parecen estar lejos de alcanzarlo.

Se espera que el informe inspire objetivos más ambiciosos para cerrar la brecha de emisiones. Esta urgencia se ve acentuada por la hallazgos de la Organización Meteorológica Mundial, donde se indica que la última década ha sido la más cálida jamás registrada. Además, hay 70 % de probabilidade de que el aumento en la temperatura supere los 1,5 °C en los proximos cinco años. Estas proyecciones señalan una ventana de oportunidad que se está cerrando rápidamente para evitar daños irreversibles al clima. Se requieren medidas audaces e inmediatas.

Participación justa en las responsabilidades

El elefante sigue en la sala. ¿Quién va a cubrir el déficit de emisiones globales?

¿Es justo esperar que los países en desarrollo asuman una mayor responsabilidad cuando las naciones desarrolladas, históricamente las mayores emisoras, aún no han cumplido con su parte justa de reducciones? A pesar de su uso desproporcionado del espacio atmosférico del planeta y de sus promesas históricas de liderar las acciones climáticas, muchos de ellos no han cumplido con sus obligaciones. La carga de cerrar la brecha no puede transferirse a quienes menos han contribuido a la crisis y que ahora se enfrentan a los mayores retos para adaptarse a las consecuencias.

En la decisión del balance global de Dubái en 2023, se reiteraron estas preocupaciones: «El presupuesto de carbono para alcanzar el objetivo de temperatura del Acuerdo de París es reducido y se está agotando rápidamente». Las emisiones de carbono acumuladas históricamente ya representaban alrededor de cuatro quintas partes del presupuesto total de carbono, lo que daba lugar a una probabilidad de solo el 50 % de limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

La cantidad de carbono restante para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C es de 500 gigatoneladas (Gt). Según un estudio realizado por Climate Equity Monitor, con sede en la India, para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C, los países desarrollados solo tendrían 87 Gt de dióxido de carbono equivalente (CO2-eq) para gastar dentro del presupuesto de emisiones. Esto sin tener en cuenta las emisiones pasadas.

Si se tienen en cuenta las emisiones totales, los países desarrollados tendrían que emprender emisiones negativas de inmediato. Sin embargo, el análisis de los planes nacionales muestra que, de forma acumulativa, hasta 2030, los países desarrollados seguirán emitiendo 140 Gt. Esto excede el presupuesto restante de emisiones de carbono en 53 Gt. El análisis también revela que los esfuerzos actuales de mitigación climática de los países desarrollados son insuficientes para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C y consumen excesivamente el presupuesto de carbono restante. Este escenario solo se agrava cuando se tiene en cuenta la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París en 2025.

Otra propuesta discutida durante las negociaciones que condujeron al Acuerdo de París fue la del acceso equitativo al espacio atmosférico. India, Bolivia y Etiopía plantearon la necesidad de un acceso equitativo al espacio atmosférico a la hora de determinar cómo debía repartirse el presupuesto restante de emisiones de carbono per cápita. Este cálculo debía tener en cuenta la responsabilidad histórica, defendían. Lamentablemente, estas propuestas no vieron la luz debido a la enorme resistencia de los países desarrollados, especialmente de Estados Unidos, con el argumento de que ningún acuerdo internacional debería imponer la reducción de emisiones.

El único consenso posible fue a través de un enfoque de abajo hacia arriba. Así surgió el concepto de los planes nacionales, en los que cada país se comprometería con lo que puede hacer de forma voluntaria. Cabe señalar que este enfoque no evalúa si los planes propuestos promueven la equidad o la justicia entre los países desarrollados y en desarrollo. Por el contrario, académicos y grupos progresistas de la sociedad civil han señalado que los países ricos no están haciendo lo suficiente y están muy lejos de lo necesario para limitar el aumento de la temperatura.

En 2021, en la COP26 celebrada en Glasgow, Reino Unido, los principios de reparto justo y equitativo de la carga climática dieron paso a alternativas aún más laxas para los países desarrollados. La presidencia del Reino Unido promovió el mantra de las emisiones netas cero («net-zero») para todos los países.

El enfoque de cero emisiones netas tiene como objetivo equilibrar la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten los países con la cantidad que eliminan de la atmósfera. Este nuevo enfoque permitió a las naciones desarrolladas posponer los recortes reales de emisiones y confiar en promesas vagas y compensaciones futuras. Además, también transfirieron la carga de medidas más estrictas a los países en desarrollo sin la financiación ni la tecnología necesarias. El Acuerdo de París establece una aspiración global de equilibrar y reducir las emisiones para 2050 mediante una acción conjunta y no una propuesta que individualice a los países.

El mantra del saldo cero de emisiones ha sido objeto de muchas críticas. Los países en desarrollo y los grupos de justicia climática dicen que son poco ambiciosos e incluso dudosos. Estos grupos han pedido el «cero real» y no el «cero neto», comenzando primero por los países desarrollados, que también deben ser responsables de apoyar financieramente a los países en desarrollo para que sigan en esa dirección.

Muchas de estas promesas de cero neto no se basan en una descarbonización profunda y dependen de «soluciones basadas en la naturaleza» para capturar las emisiones de carbono. Dependen de los mercados de carbono para proporcionar compensaciones de carbono (carbon offsets), que se instalan principalmente en los países en desarrollo. La compensación no es una verdadera reducción de las emisiones. Es pagar a los países en desarrollo para que reduzcan sus emisiones. Esta medida se considera más rentable y compensaría las emisiones generadas en el mundo desarrollado.

Con o sin compensación de carbono, estos compromisos crean una enorme demanda de lugares como bosques, pantanos y pastizales en los países en desarrollo. La cantidad necesaria de lugares excedería varias veces la capacidad de secuestro de carbono del planeta. Esto tendrá implicaciones negativas para los países en desarrollo, incluyendo conflictos sobre el uso de la tierra, las comunidades locales y los pueblos indígenas cuyas tierras y bosques están siendo buscados para resolver el problema de las emisiones de las naciones ricas. Los grupos de justicia climática se refieren a esto como «colonialismo de carbono».

Más allá de la retórica, hacia la acción real

El trasfondo de estas cuestiones planteadas anteriormente es catastrófico. Estados Unidos se ha retirado del Acuerdo de París. El gobierno de Trump no solo niega abiertamente el cambio climático, sino que promueve los combustibles fósiles. Utiliza los acuerdos bilaterales negociados con los países en desarrollo como moneda de cambio para que éstos aumenten su consumo de energía fósil. La trayectoria global se ha desviado peligrosamente hacia la catástrofe climática.

Como un bravucón del patio de la escuela cuyas acciones amenazan el bienestar colectivo, este comportamiento exige una respuesta unificada y enérgica de la comunidad internacional.

Sin embargo, en las negociaciones sobre el clima celebradas en junio de este año en Bonn (Alemania), el mundo desarrollado en general no demostró un compromiso significativo con la renovación de la cooperación con los países en desarrollo. En cambio, continuaron diluyendo sus responsabilidades y eludiendo sus obligaciones, en particular en el ámbito crítico de la financiación climática, lo que socava la confianza y compromete las perspectivas de una acción climática global equitativa.

La afirmación de que las naciones ricas carecen de recursos financieros adecuados es insostenible, especialmente cuando se movilizan rápidamente fondos sustanciales para apoyar la venta de armas a Israel en medio de su devastador genocidio en Gaza y para ampliar las defensas militares y la infraestructura de seguridad global.

Este marcado contraste pone de manifiesto una preocupante priorización de los intereses geopolíticos en detrimento de la supervivencia del planeta.

Mientras tanto, los impactos climáticos siguen intensificándose, con fenómenos extremos como olas de calor, sequías, incendios forestales e inundaciones que afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables. En este contexto, los países en desarrollo deben centrarse urgentemente en la adaptación y el tratamiento de las pérdidas y los daños.

Es precisamente por eso que la COP30 en Brasil debe centrarse en las prioridades del Sur Global. La atención debe centrarse directamente en la provisión de financiamiento climático de los países desarrollados a los países en desarrollo. Esta es una obligación vinculante en virtud del Acuerdo de París. También debe promover un apoyo significativo para transiciones justas, ampliar los esfuerzos de adaptación y proporcionar fondos concretos para hacer frente a las pérdidas y daños. Cualquier cosa que no sea eso sería una traición a la justicia climática.

Ya no basta con invocar la necesidad de salvar el multilateralismo. Hay mucho más en juego. Debemos cumplir nuestra promesa de salvar el planeta y proteger a los más vulnerables del mundo. Esto requiere soluciones genuinas y transformadoras, basadas en la cooperación internacional y no en el agotador ciclo de transferencia de culpas y trucos retóricos.

El tiempo de las cortinas de humo y los gestos simbólicos ya ha pasado. Acciones audaces y responsables son necesarias para dar prioridad a la justicia, la equidad y la supervivencia.

Este artículo se publicó originalmente en «Focus 23: Global South’s Climate Agenda», del Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales (ISIS) de Malasia.